Mossos y Puigdemont: ¿Negligencia, estrategia o encubrimiento? Las claves del caso

La reciente comparecencia de cinco agentes de Asuntos Internos ante el Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta fundamental para la política catalana: ¿quién permitió realmente que el expresidente Carles Puigdemont escapara sin ser detenido tras su efímero regreso a Cataluña en agosto de 2023? Lo que en un principio pareció un despliegue policial limitado ha ido tomando forma de un rompecabezas institucional en el que se entrecruzan omisiones, posibles órdenes selectivas, y silencios estratégicos. En este extenso análisis se reconstruye el episodio y se abordan sus múltiples dimensiones.

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha permanecido fuera del país desde su huida tras el referéndum del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, el 8 de agosto de 2023 regresó brevemente para comparecer simbólicamente ante sus seguidores en el Arc de Triomf de Barcelona. La efeméride desató una fuerte polémica, no solo por el hecho en sí, sino porque abandonó la escena sin ser detenido, pese a estar vigente una orden de arresto emitida por el Tribunal Supremo.

Su breve estancia en Cataluña se produjo en un ambiente tenso, con la vista puesta en las negociaciones parlamentarias tras las elecciones generales de julio de 2023. La figura de Puigdemont seguía siendo clave para el independentismo catalán y para posibles pactos a nivel estatal. Su aparición repentina fue leída tanto como un desafío político como una prueba de fuerza.

Los informes de Asuntos Internos

Cinco agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d’Esquadra comparecieron ante el juez el lunes posterior a los hechos. Confirmaron los informes que señalaban a tres compañeros suyos como presuntos colaboradores en la huida de Puigdemont. Según estos testimonios, los agentes implicados habrían facilitado un vehículo al expresident y habrían participado activamente en su retirada de la zona del Arc de Triomf tras su discurso.

Uno de los elementos más llamativos de estas declaraciones fue la denuncia de una limitación explícita en el alcance de la investigación. Según afirmaron los testigos, se les dio la orden de centrarse únicamente en los hechos ocurridos entre el 7 y el 8 de agosto, a pesar de la sospecha de que Puigdemont ya se encontraba en Cataluña desde el día 6. Además, se les entregaron fotografías de los tres mossos sospechosos y se les mostró material de cámaras de seguridad como única fuente probatoria para la elaboración del informe.

Agentes encubiertos y omisiones en la investigación

Otro de los aspectos criticados de la investigación interna fue la exclusión de los agentes encubiertos desplegados el día de los hechos. Uno de estos agentes, según trascendió, incluso intentó seguir al vehículo en el que se fugó Puigdemont, sin éxito. Sin embargo, no se le tomó declaración ni se incluyó su testimonio en el informe oficial.

Esta omisión ha sido interpretada por la acusación como una muestra de que se quiso limitar el alcance de la investigación para proteger a cargos superiores o evitar una crisis institucional.

La acusación particular de Hazte Oír

El grupo ultracatólico Hazte Oír, personado como acusación particular, ha solicitado al juez que se amplíe la lista de testigos. Entre los nombres propuestos figuran el expresidente catalán Pere Aragonès, el entonces presidente del Parlament Josep Rull, el exconseller de Interior Joan Ignasi Elena, y el exdirector de los Mossos, Pere Ferrer.

También han pedido la declaración de Josep Lluís Sallent, comisario jefe de los Mossos en el momento de los hechos, a quien el juez ya ha citado para el 30 de junio. Sallent es autor de un informe clave solicitado por el magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo, en el que se reconoce que los servicios de información de los Mossos esperaban la presencia de Puigdemont en el Parlament, pero no previeron su posterior maniobra de distracción.

El informe de Josep Lluís Sallent

En su informe, el comisario jefe sostuvo que los Mossos no pudieron detener a Puigdemont debido a la confusión generada por su aparición sorpresa y la cooperación —“involuntaria”— de miles de ciudadanos que se congregaron en el Arc de Triomf.

La expresión “maniobra de distracción” ha sido uno de los elementos más controvertidos del documento. Mientras algunos lo interpretan como una táctica improvisada por parte del expresident, otros sostienen que se trató de una operación premeditada con ayuda interna.

El bombero como escolta

Uno de los acompañantes más comentados en el operativo de Puigdemont fue un bombero que, según los informes de Asuntos Internos, formaba parte del grupo que le escoltó al escenario y posteriormente en su huida. Hazte Oír ha solicitado también su comparecencia como testigo.

La presencia de este funcionario ha avivado aún más las teorías sobre una supuesta red de colaboradores institucionales al servicio del expresidente.

La dimensión política del caso

El incidente no puede entenderse únicamente desde la óptica judicial. Las implicaciones políticas son evidentes, en un contexto en el que el independentismo catalán se encontraba redefiniendo su papel a nivel nacional. La figura de Puigdemont sigue siendo fundamental para las negociaciones políticas, y su regreso, aunque breve, fue visto como un movimiento estratégico que buscaba visibilidad y presión.

En este sentido, la actuación de los Mossos d’Esquadra y de la administración catalana ha sido leída por algunos sectores como una forma de protección institucional.

Reacciones políticas y sociales

Diversos partidos políticos han reaccionado al caso con dureza. Desde sectores unionistas se ha exigido una depuración profunda dentro del cuerpo de Mossos y mayor implicación del Ministerio del Interior. Por su parte, formaciones independentistas han defendido la autonomía del cuerpo y han pedido que se respeten los tiempos judiciales sin politizar el caso.

En las redes sociales, el caso ha generado una auténtica tormenta de opiniones divididas. Mientras algunos usuarios celebraban la “hazaña” de Puigdemont, otros pedían una intervención estatal para poner orden en lo que consideran una policía al servicio de un proyecto secesionista.

¿Encubrimiento o falta de coordinación?

Uno de los grandes dilemas del caso es si realmente hubo encubrimiento por parte del cuerpo policial catalán o si, por el contrario, se trató de una operación mal gestionada, sin una cadena de mando clara y con decisiones improvisadas.

El hecho de que los investigadores de Asuntos Internos no hayan podido recordar el número de identificación del oficial que les dio instrucciones añade una capa más de sospecha al caso. También se ha cuestionado que se hayan utilizado solo imágenes de cámaras de seguridad y no declaraciones de los agentes desplegados en la zona.

La confianza pública en los Mossos, en entredicho

El caso ha vuelto a poner en tela de juicio la imparcialidad y autonomía de los Mossos d’Esquadra. Aunque tradicionalmente el cuerpo ha gozado de una imagen profesional, los últimos años han estado marcados por episodios que han generado críticas tanto desde la izquierda como desde la derecha política.

La falta de una comunicación oficial clara sobre el incidente de Puigdemont no ha hecho más que alimentar la desconfianza. Mientras algunos defienden que los Mossos actuaron con las herramientas disponibles, otros sostienen que hubo complicidad activa o pasiva en la evasión del expresidente.


La investigación judicial sigue su curso, y se espera que las declaraciones previstas para el mes de junio arrojen más luz sobre un caso que ya se perfila como uno de los episodios más turbios del independentismo reciente. Las preguntas siguen abiertas: ¿Quién dio la orden de limitar la investigación? ¿Fue realmente una fuga improvisada o una operación calculada con ayuda interna? ¿Cuántos funcionarios más estaban implicados?

A medida que el proceso avance, lo que está en juego no es solo la responsabilidad individual de tres agentes, sino la credibilidad de todo un cuerpo policial y la salud democrática de las instituciones catalanas.